NUEVA REGULACIÓN INMOBILIARIA EN RD | Proponen licencias obligatorias y sanciones estrictas para intermediarios

NUEVA REGULACIÓN INMOBILIARIA EN RD | Proponen licencias obligatorias y sanciones estrictas para intermediarios

El Congreso Nacional estudia una iniciativa legislativa que busca transformar el ejercicio de la intermediación inmobiliaria en la República Dominicana, estableciendo controles formales, requisitos de licenciamiento y un régimen sancionador más riguroso.

La propuesta responde a la creciente preocupación por la falta de regulación en un sector clave de la economía, donde operan actores sin certificación, lo que ha derivado en prácticas irregulares que impactan directamente a los consumidores.

Actualmente, la actividad de los agentes inmobiliarios no cuenta con una normativa específica que ordene su ejercicio. Esta ausencia ha facilitado la entrada de intermediarios informales, así como la ocurrencia de fraudes vinculados a propiedades sin respaldo legal o promesas de venta sin sustento. Entre los principales riesgos se identifican la pérdida de ahorros, la falta de garantías jurídicas y la desinformación en torno a las condiciones reales de los inmuebles.

El proyecto propone que la actividad sea regulada por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), mediante un órgano especializado encargado del registro, control y supervisión de los intermediarios inmobiliarios.Dentro de los cambios más relevantes, se establece que toda persona que desee intermediar en operaciones de compra, venta o alquiler deberá contar con una licencia oficial, incluyendo promotores y desarrolladores.

Prácticas que quedarían bajo observación

La iniciativa incorpora una serie de disposiciones orientadas a transparentar el mercado. Entre ellas, se busca limitar la difusión de información que pueda inducir a error sobre precios, disponibilidad o características de los inmuebles.

Asimismo, se restringe la posibilidad de gestionar operaciones sin autorización, manipular precios mediante ofertas simuladas o establecer cobros no formalizados previamente. También se plantea como falta grave la recomendación de transacciones con riesgos legales o financieros sin el debido acompañamiento profesional.

Consecuencias para quienes incumpla

El esquema sancionador contempla medidas que van desde la suspensión de operaciones hasta la inhabilitación prolongada del agente, junto con penalidades económicas que podrían alcanzar hasta 50 salarios mínimos.

Estas disposiciones buscan elevar el nivel de responsabilidad dentro del sector y proteger al consumidor frente a malas prácticas. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Empresas y Agentes Inmobiliarios (AEI), Alberto Bogaert, la propuesta permanece en discusión legislativa desde 2023. Aunque reconoce apertura por parte de las autoridades, señala que su avance ha sido limitado por la falta de priorización en la agenda congresual y el bajo nivel de presión institucional para su aprobación.

De concretarse, esta legislación marcaría un punto de inflexión en el mercado inmobiliario dominicano, al fortalecer la confianza, mejorar la transparencia y establecer reglas claras para una industria que maneja importantes volúmenes de inversión.