Para Eliseo Cristopher, presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (COPYMECON), la situación del sector construcción en República Dominicana no admite eufemismos.

Desde 2023, afirma, venía observando señales claras de deterioro que hoy se materializan en una crisis profunda, visible tanto en los indicadores oficiales del Banco Central como en la realidad operativa de las empresas que componen el tejido productivo de la industria.

Con tono firme y cifras en mano, Cristopher describe un período de contracción marcado por el descenso del crecimiento, el aumento sostenido de los costos y unas condiciones financieras que han golpeado especialmente a las MIPYMES, segmento que califica como “el eslabón más vulnerable y, al mismo tiempo, el que sostiene la mayor parte del empleo operativo del país”.

Una crisis estructural anunciada
Cristopher no duda en señalar que lo que vive el sector no es un ciclo natural ni un simple ajuste del mercado. Es, asegura, una crisis estructural que pudo mitigarse si se hubieran aplicado medidas contracíclicas a tiempo. El encarecimiento del financiamiento, el aumento de los costos, la caída de la rentabilidad y los retrasos en pagos públicos conforman un cuadro que, según explica, afecta directamente la capacidad operativa de las MIPYMES.

“Las señales estaban ahí desde hace años”, enfatiza. “Hoy estamos viendo las consecuencias: menos proyectos nuevos, condiciones más restrictivas por parte de los bancos y empresas trabajando con niveles mínimos de liquidez”. Para Cristopher, el deterioro actual no fue inesperado; fue advertido con suficiente anticipación.

El rol determinante de las MIPYMES en la construcción
A pesar de que no existe un dato público que desagregue exactamente la participación de las MIPYMES en obras públicas y privadas, Cristopher sostiene que el peso de este segmento en el sector construcción es innegable. Recuerda que las microempresas representan más del 94% del universo MIPYME en el país, y que, en el caso específico de la construcción, cerca del 86% de los trabajadores operan en condiciones de informalidad. Lo que sí está claro, afirma, es que gran parte de la operación diaria: subcontratación, acabados, infraestructura local y mantenimiento, recae en pequeñas y medianas empresas.

“Las MIPYMES no solo son importantes”, señala, “son determinantes. Sin ellas, la cadena de valor del sector no funciona”.

El golpe de las tasas de interés y el financiamiento insuficiente

El presidente de COPYMECON reconoce que la inflación ha incidido en los costos de los insumos, pero insiste en que no es el factor que más daño ha generado. Para él, el verdadero obstáculo es el costo del dinero.

“La mayor presión proviene de las tasas de interés elevadas”, explica. “Esto ha frenado el apetito de inversión, ha encarecido las cuotas para los adquirientes y ha restringido severamente las condiciones de financiamiento para las MIPYMES”.

En un contexto en el que los costos suben y los márgenes se estrechan, tener acceso a capital de trabajo competitivo es vital, pero también, hoy por hoy, excepcional.

Obras públicas: trabas y pagos tardíos
En cuanto a la participación de las pequeñas y medianas empresas en los procesos de compras y contrataciones del Estado, Cristopher observa una brecha importante entre lo que establece la normativa y lo que ocurre en la práctica. Habla de requisitos de capital que exceden la capacidad real de las MIPYMES, de procesos administrativos complejos y de una concentración de contratos que limita la diversificación. A esto se suman, según explica, los retrasos en pagos, un problema que define como “un verdadero infierno financiero” para las empresas más pequeñas. “Cuando una cubicación se retrasa, la MIPYME no solo deja de ganar”, señala. “Se endeuda para pagar nómina, suplidores, materiales y compromisos fiscales. Ese ciclo destruye liquidez y paraliza obras”

Santo Domingo vs. provincias: una brecha estructural
Cristopher también identifica diferencias importantes entre la dinámica del Gran Santo Domingo y la de las provincias. En la capital, explica, existe mayor dinamismo, mejor acceso al financiamiento y más disponibilidad de información sobre oportunidades. En las provincias, en cambio, el volumen de obras depende casi exclusivamente de la inversión pública, los costos logísticos son más altos y el crédito es más limitado. Aun así, insiste en que las MIPYMES provinciales poseen un valor estratégico profundo: conocen su territorio, su mano de obra y sus necesidades. Fortalecer su participación es esencial para lograr un desarrollo más equilibrado en todo el país.

La realidad del sector construcción
En República Dominicana, el sector construcción atraviesa uno de sus momentos más delicados en la última década. Desde COPYMECON, explica Eliseo Cristopher, esta tendencia ya venía siendo advertida desde 2023, cuando los primeros indicadores anunciaban un deterioro progresivo. Hoy, tanto las cifras oficiales del Banco Central como la experiencia diaria de las empresas confirman que la situación es profundamente preocupante.

Los datos lo evidencian con contundencia. En 2022, el sector registró un crecimiento moderado de 2.6%, ya por debajo de su ritmo histórico. Para 2023, prácticamente se estancó con un -0.1%. En 2024, apenas logró avanzar un 2.1%, uno de los resultados más débiles de los últimos años. Y en 2025, la tendencia se ha revertido por completo: el sector cayó -7.7% entre enero y febrero, y acumuló -2.3% en el primer semestre del año.

A este escenario se suma el sostenido incremento del costo de construcción. El Índice de Costos Directos de la Vivienda

Tres medidas urgentes para sostener a las MIPYMES

1- Financiamiento especializado para MIPYMES constructoras.

Recursos del encaje legal dirigidos exclusivamente al sector, con tasas preferenciales, plazos ajustados al ciclo de obra, garantías flexibles y desembolsos ágiles.

2- Participación obligatoria de las MIPYMES en los planes de viviendas del Gobierno.

Hasta ahora, afirma, su participación ha sido prácticamente nula. Integrarlas democratizaría las oportunidades, dinamizaría la economía local y elevaría los niveles de formalidad y encadenamiento productivo.

3- Un marco regulatorio que incentive la competitividad y la formalización.

Régimen tributario especializado, inclusión financiera diferenciada y apoyo para la mecanización y modernización de los procesos.

(ICDV) aumentó 10.07% en 2022, y volvió a subir 3.32% en 2024, con un alza particularmente marcada en la mano de obra, que escaló alrededor de un 12%.

Cristopher resume esta realidad con claridad: la construcción continúa operando, pero lo hace sin dinamismo, sin flujo y sin rentabilidad. Y dentro de este panorama, las MIPYMES constructoras son las más afectadas. Representan el eslabón más vulnerable de la cadena productiva, sostienen la mayor parte del empleo operativo del país y enfrentan las condiciones más adversas para sobrevivir en un entorno económico cada vez más exigente.

Mano de obra limitada e informalidad creciente

En su diagnóstico sobre el empleo en el sector, Cristopher plantea que la disponibilidad de mano de obra calificada es insuficiente y que esto afecta directamente la productividad y los tiempos de ejecución. A ello se suma una fuerte dependencia de mano de obra extranjera en oficios básicos y operativos, fenómeno que, según apunta, se ha intensificado por la falta de planificación laboral a lo largo de los años. La informalidad, por su parte, ronda niveles alarmantes y genera inestabilidad tanto para el trabajador como para las empresas formales. La solución, afirma, no es sancionar, sino crear condiciones reales que incentiven la formalización: un marco tributario especializado, mejores mecanismos de crédito y políticas laborales adaptadas a la realidad de las MIPYMES.

Un mensaje claro: las MIPYMES son la columna vertebral

En su llamado final, Eliseo Cristopher subraya que las MIPYMES constructoras representan la mayoría absoluta del tejido empresarial de la construcción nacional, pero siguen enfrentando barreras que frenan su crecimiento y limitan su participación en las oportunidades de mayor impacto.

Insiste en que las autoridades financieras, como el Banco Central, la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos, tienen una responsabilidad histórica: garantizar la verdadera inclusión financiera de un segmento que sostiene la economía operativa del país.

Cristopher enfatiza, además, que integrar de manera amplia y efectiva a las MIPYMES a los planes de vivienda del Gobierno sería un punto de inflexión para República Dominicana. Democracia económica, formalización laboral, encadenamientos productivos y desarrollo local serían solo algunos de los impactos inmediatos.

“Las MIPYMES están listas para aportar, ejecutar y transformar. Lo único que falta es voluntad, reglas claras y mecanismos reales de acceso”, afirma.

Para Cristopher, proteger y fortalecer a las MIPYMES no es un acto de justicia económica: es una estrategia de desarrollo nacional. De su estabilidad depende, en gran medida, la capacidad del país para sobreponerse a este momento crítico y construir un futuro más equilibrado, competitivo y sostenible.